ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. LEY 38/2002, DE 24 DE OCTUBRE COMPLEMENTARIA DE LA REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, SOBRE PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO E INMEDIATO DE DETERMINADOS DELITOS Y FALTAS, Y DE MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ABREVIADO EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I.

La presente Ley es fruto destacado del espíritu de consenso que anima el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia. Entre los muchos objetivos de dicho Pacto está el de que una

futura Ley de Enjuiciamiento Criminal consiga «la agilización de los procedimientos, la mejora de los procedimientos abreviados, el enjuiciamiento inmediato de los delitos menos

graves y flagrantes, y la simplificación de trámites en las grandes causas». Este objetivo no admite demora y debe ser acometido con prontitud a través de una reforma parcial de la

actual Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata de profundizar en la vía abierta por lo que en el lenguaje forense y hasta en el lenguaje coloquial se conocen como «juicios rápidos»,

dando lugar en algunos casos a una justicia realmente inmediata. En efecto, en determinados supuestos, la tramitación de los procesos penales se prolonga en el tiempo mucho más de lo que resulta necesario y aconsejable; y esta dilación es fuente de ciertas s ituaciones que han generado en los últimos tiempos una notable preocupación social: los retrasos en la sustanciación de los procesos penales son aprovechados en ocasiones por los imputados para ponerse fuera del alcance de la autoridad judicial y, sobre todo, para reiterar conductas delictivas, lo que genera una impresión generalizada de aparente impunidad y de indefensión de la ciudadanía ante cierto tipo de delitos. La inmediatez y aceleración en la respuesta estatal ante la delincuencia es, sin duda, una pieza clave para evitar los fenómenos antes descritos y permitir que la Justicia penal cumpla alguno de los fines que tiene asignados. Esta es la finalidad primordial que persigue la presente reforma parcial.

La presente Ley parte de la experiencia acumulada con las precedentes medidas legislativas que trataron de obtener este resultado. Así, las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal realizadas por la Ley 10/1992, de 30 de abril (RCL 1992, 1027), de Medidas Urgentes de Reforma Procesal, y por la Ley Orgánica 2/1998, de 15 de junio (RCL

1998, 1468), de modificación del Código Penal, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, supusieron la introducción y el perfeccionamiento, respectivamente, del llamado sistema de

«juicios rápidos», a través de ciertas especialidades del procedimiento abreviado concebidas para acelerar las instrucciones y los juicios orales.

Lo cierto es que en la práctica la eficacia de los denominados «juicios rápidos» ha sido muy desigual, lo que debe en buena parte atribuirse a la configuración y limitaciones legales: su regulación como diversas especialidades dentro del procedimiento abreviado tipo y no como un procedimiento especial, la ausencia de plazos máximos de la actividad preparatoria e instructora, así como para la celebración de juicio oral cuando, al contrario, para este último se fija un plazo mínimo de diez días; la marginación de los principios de concentración y oralidad; la insuficiente concreción de las circunstancias y los delitos que podrían dar lugar a la incoación de este procedimiento, algunas limitaciones impuestas a la policía judicial, etc. De ahí que se considere necesaria una reforma legal que regule más detalladamente los mecanismos de aceleración de los procesos por delitos y que al tiempo cree nuevos expedientes procesales de aceleración de la Justicia penal. Esta nueva regulación legal, que irá acompañada de los recursos humanos y de los medios materiales necesarios, nace con vocación de producir un giro en los hábitos de nuestra Administración de Justicia, en la percepción que tiene la ciudadanía respecto de la lentitud de la persecución penal y en la aparente impunidad de los delincuentes.

Para alcanzar esta finalidad se incorporan a la Ley de Enjuiciamiento Criminal las siguientes novedades, cuyas razones sucintamente se exponen.

II.

En primer lugar, se crea un proceso especial para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos, que en ciertos casos permite el enjuiciamiento inmediato de los mismos. El ámbito

de aplicación de este nuevo proceso especial -al que se aplican supletoriamente las normas del procedimiento abreviado- se determina con arreglo a criterios que sirven de claro indicio, según máximas de la experiencia, de que será posible en la práctica una sustanciación del proceso en tiempos mucho más reducidos que los hasta ahora habituales.

Se trata en todo caso de hechos punibles en que la Policía Judicial ha detenido a una persona y la ha puesto a disposición del Juzgado de guardia o en que, aun sin detenerla, la ha citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial. Son, por tanto, supuestos en que ha habido detención policial o Enjudiciament criminal - Llei 38/2002 citación policial para comparecer ante el Juzgado de guardia. Además, junto a lo anterior, dentro del genérico ámbito de aplicación del procedimiento abreviado, este procedimiento

especial queda circunscrito en su aplicación en virtud de las tres siguientes circunstancias, cualquiera de las cuales funda su aplicación.

En primer término, que se trate de delitos flagrantes, entendiendo por tales aquellos en que no hay solución de continuidad entre la comisión del hecho punible y la actuación policial

que conduce a la detención o a la citación. En segundo término, que se trate de alguno de los delitos comprendidos en un elenco tasado, en el que incluyen hechos cuya investigación ha de resultar en principio sencilla, aun no siendo flagrantes, o hechos con especial incidencia en la seguridad ciudadana, o que repugnan gravemente a la conciencia social, como es el caso de los supuestos de violencia doméstica.

En tercer término, que se trate de hechos punibles en que se aprecie, con independencia de las circunstancias anteriores, facilidad instructora, es decir, en que las circunstancias del

caso permitan presumir que la investigación será sencilla y que, por tanto, podrá terminarse en breve plazo.

La genuina y más importante aceleración de estos procesos rápidos -aunque no la única es la que ha de darse en el tiempo que transcurre desde la incoación del proceso penal hasta la celebración del juicio oral, sin perjuicio de que también éste, así como la emisión de la sentencia y la tramitación de los eventuales recursos , se realicen con rapidez. A estos efectos, la pieza clave del nuevo procedimiento consiste en una instrucción concentrada ante el Juzgado de guardia: toda la fase de instrucción y de preparación del juicio oral ha de

ser realizada en brevísimos plazos ante el órgano judicial. Este proceso, si bien tendrá especial impacto en las grandes ciudades, está pensado para que pueda y deba ser aplicado en todos los partidos judiciales de España, con independencia de su tamaño y de su índice de delincuencia.

La experiencia cotidiana de muchos Juzgados de Instrucción demuestra que un amplio número de conductas aparentemente delictivas es susceptible de una investigación

relativamente sencilla: son pocas, y de práctica escasamente complicada, las diligencias

tras cuya realización puede decidirse si procede el sobreseimiento o bien la celebración de

un juicio oral. Para que se pueda llevar a cabo esta concentración de las actuaciones ante

el Juzgado de guardia, la Ley procesal ha de hacer determinadas previsiones como, entre

otras, el reforzamiento de las funciones de la Policía Judicial, el aseguramiento de la presencia de todos los afectados en el servicio de guardia o la participación activa del

Ministerio Fiscal, el cual cobra un destacado protagonismo y, por tanto, asumirá, junto con

los Juzgados de Instrucción, una particular responsabilidad en la eficacia de la reforma. Por

otro lado, en los caos en que la instrucción concentrada aboca a la celebración del juicio

oral, la rapidez del sistema depende de la coordinación entre el Juzgado de guardia y el

órgano enjuiciador. III.

Resulta imprescindible que la creación de este proceso especial vaya acompañada de una

reforma del procedimiento abreviado. Tras más de trece años de vigencia, no son pocos los

aspectos del procedimiento abreviado -por el que se encauzan en la actualidad la investigación y el enjuiciamiento de la inmensa mayoría de los hechos delictivos - en que la

jurisprudencia constitucional y ordinaria, la práctica de nuestros Tribunales y la doctrina han

detectado problemas cuya solución no debe demorarse. Además, dada la aplicación supletoria de las normas del procedimiento abreviado al proceso especial que se crea, hay

aspectos de los llamados «juicios rápidos» que no serían eficaces sin dichas modificaciones. Ello no significa que una futura reforma global de nuestro enjuiciamiento

criminal no deba incidir en muchas otras instituciones.

Las reformas que se introducen en el procedimiento abreviado son de muchos tipos. En

unos casos, se trata de modificaciones meramente sistemáticas o de redacción, como en el

caso de que el Minis terio Fiscal solicite el sobreseimiento y no estuviesen personados los

ofendidos por el delito como perjudicados ejercientes de la acusación particular, trasponiéndose, a tal fin, al procedimiento abreviado la previsión, ya existente en el procedimiento ordinario, de hacerse saber la pretensión del Ministerio Fiscal a dichos interesados en el ejercicio de la acción penal. En otros casos, se trata de cambios de mayor

o menor calado en su contenido. Así, por ejemplo, entre otros muchos, la regulación de los

recursos o el régimen de la conformidad. Sobre este último punto, ha de destacarse que,

para permitir un razonable y mesurado sistema de conformidad del acusado con la pena

solicitada en el mismo Juzgado de guardia, resulta necesario reformar en ciertos aspectos

el marco jurídico de la conformidad en el procedimiento abreviado.

IV.

Otra importante premisa de esta reforma es que la aceleración de la Justicia penal no puede abarcar sólo la investigación y el enjuiciamiento de los delitos, sino que es de todo

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punto necesario que comprenda también el enjuiciamiento inmediato de las faltas, cuya incidencia en la seguridad ciudadana es notablemente relevante (hurtos y daños en bienes

públicos o privados de hasta cincuenta mil pesetas, lesiones que requieran simplemente

una primera asistencia facultativa, etc.). La presente Ley reforma determinados artículos de

la regulación del juicio de faltas para permitir que, en no pocos casos, dicho juicio se

celebre ante el propio Juzgado de guardia en pocas horas, incluso en menos de veinticuatro, desde que éste tenga noticia del hecho y que, de no ser posible dicho juicio

inmediato, el órgano de guardia proceda a la citación de las partes para que el juicio se

celebre en un breve plazo. ARTÍCULO 1.

Se da una nueva redacción al Título II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

«TÍTULO II

Del procedimiento abreviado

CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 757.

Sin perjuicio de lo establecido para los procesos especiales, el procedimiento regulado en

este Título se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o

duración. Artículo 758.

El enjuiciamiento de los delitos enumerados en el artículo anterior se acomodará a las normas comunes de esta Ley, con las modificaciones consignadas en el presente Título.

Artículo 759.

En las causas comprendidas en este Título, las cuestiones de competencia que se promuevan entre Juzgados y Tribunales de la jurisdicción ordinaria se sustanciarán según

las reglas siguientes:

1ª Cuando un Tribunal o Juzgado rehusare el conocimiento de una causa o reclamare el

conocimiento de la que otro tuviere, y haya duda acerca de cuál de ellos es el competente,

si no resulta acuerdo a la primera comunicación que con tal motivo se dirijan, pondrán el

hecho, sin dilación, en conocimiento del superior jerárquico, por medio de exposición

razonada, para que dicho superior, tras oír al Fiscal y a las partes personadas en comparecencia que se celebrará dentro de las veinticuatro horas siguientes, decida en el

acto lo que estime procedente, sin ulterior recurso.

Cuando la cuestión surja en la fase de instrucción, cada uno de los Juzgados continuará

practicando las diligencias urgentes y absolutamente indispensables para la comprobación

del delito y averiguación e identificación de los posibles culpables.

2ª Ningún Juez de Instruc ción, de lo Penal, o Cetral de Instrucción o de lo Penal, podrá promover cuestiones de competencia a las Audiencias respectivas, sino exponerles, oído el

Ministerio Fiscal por plazo de un día, las razones que tenga para creer que le corresponde

el conocimiento del asunto.

El Tribunal dará vista de la exposición y antecedentes al Ministerio Fiscal y a las partes

personadas por plazo de dos días y, luego de oídos todos, sin más trámites, resolverá dentro del tercer día lo que estime procedente, comunicando es ta resolución al Juzgado

que la haya expuesto para su cumplimiento.

3ª Cuando algún Juez de Instrucción, de lo Penal, o Central de Instrucción o de lo Penal,

viniere entendiendo de causa atribuida a la competencia de las Audiencias respectivas se

limitarán éstas a ordenar a aquél, oídos el Ministerio Fiscal y las partes personadas por

plazo de dos días, que se abstenga de conocer y les remita las actuaciones. Artículo 760.

Iniciado un proceso de acuerdo con las normas de este Título, en cuanto aparezca que el

hecho no se halla comprendido en alguno de los supuestos del artículo 757, se continuará

conforme a las disposiciones generales de esta Ley, sin retroceder en el procedimiento más

que en el caso de que resulte necesario practicar diligencias o realizar actuaciones con

arreglo a dichos preceptos legales. Por el contrario, iniciado un proceso conforme a las

normas comunes de esta Ley, continuará su sustanciación de acuerdo con las del presente

Título en cuanto conste que el hecho enjuiciado se halla comprendido en alguno de los

Enjudiciament criminal - Llei 38/2002 supuestos del artículo 757. En ambos casos el cambio de procedimiento no implicará el de

instructor.

Iniciado un proceso conforme a las normas de esta Ley, en cuanto aparezca que el hecho

podría constituir un delito cuyo enjuiciamiento sea competencia del Tribunal del Jurado, se

estará a lo dispuesto en el artículo 309 bis. Acordado el procedimiento que deba seguirse, se le hará saber inmediatamente al

Ministerio Fiscal, al imputado y a las partes personadas.

Artículo 761.

1. El ejercicio por particulares, sean o no ofendidos por el delito, de la acción penal o de la

civil derivada del mismo habrá de efectuarse en la forma y con los requisitos señalados en

el Título II del Libro II, expresando la acción que se ejercite.

2. Sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado anterior, al ofendido o perjudicado por el

delito se le instruirá de los derechos que le asisten conforme a lo dispuesto en los artículos

109 y 110 y demás disposiciones, pudiendo mostrarse parte en la causa sin necesidad de

formular querella. Artículo 762.

Los Jueces y Tribunales observarán en la tramitación de las causas a que se refiere este

Título las siguientes reglas:

1ª El Juez o Tribunal que ordene la práctica de cualquier diligencia se entenderá directamente con el Juez, Tribunal, autoridad o funcionario encargado de su realización

aunque el mismo no le esté inmediatamente subordinado ni sea superior inmediato de

aquéllos.

2ª Para cursar los despachos que se expidan se utilizará siempre el medio más rápido,

acreditando por diligencia las peticiones de auxilio que no se hayan solicitado por escrito.

3ª Si el que hubiere de ser citado no tuviere domicilio conocido o no fuere encontrado por la

Policía Judicial en el plazo señalado a ésta, el Juez o Tribunal mandará publicar la correspondiente cédula por el medio que estime más idóneo para que pueda llegar a conocimiento del interesado, y sólo cuando lo considere indispensable acordará su divulgación por los medios de comunicación social.

4ª Las requisitorias que hayan de expedirse se insertarán en el fichero automatizado correspondiente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, cuando se considere oportuno,

en los medios de comunicación escrita.

5ª A todo escrito y a los documentos que se presenten en la causa se acompañarán tantas

copias literales de los mismos, realizadas por cualquier medio de reproducción, cuantas

sean las otras partes y el Fiscal, a quienes se entregarán al notificarles la resolución que

haya recaído en el escrito respectivo.

La omisión de las copias sólo dará lugar a su libramiento por el Secretario a costa del omitente, si éste no las presenta en el plazo de una audiencia.

6ª Para enjuiciar los delitos conexos comprendidos en este Título, cuando existan

elementos para hacerlo con independencia, y para juzgar a cada uno de los imputados, cuando sean varios, podrá acordar el Juez la formación de las piezas separadas que resulten convenientes para simplificar y activar el procedimiento.

7ª En las declaraciones se reseñará el documento nacional de identidad de las personas

que las presten, salvo que se tratara de agentes de la autoridad, en cuyo caso bastará la

reseña del número de carné profesional. Cuando por tal circunstancia o por cualquier otra

no ofreciere duda la identidad del imputado y conocidamente tuviere la edad de dieciocho

años, se prescindirá de traer a la causa el certificado de nacimiento. En otro caso, se unirá

dicho certificado y la correspondiente ficha dactiloscópica. No se demorará la conclusión de

la instrucción por falta del certificado de nacimiento, sin perjuicio de que cuando se reciba

se aporte a las actuaciones.

8ª Cuando los imputados o testigos no hablaren o no entendieren el idioma español, se

procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 398, 440 y 441, sin que sea preciso que el intérprete designado tenga título oficial.

9ª La información prevenida en el artículo

364 sólo se verificará cuando a juicio del instructor hubiere duda acerca de la preexistencia de la cosa objeto de la sustracción o

defraudación.

10ª Los informes y declaraciones a que se refieren los artículos 377 y 378 únicamente se

pedirán y recibirán cuando el Juez los considerase imprescindibles.

11ª Cuando los hechos enjuiciados deriven del uso y circulación de vehículos de motor, se

reseñará también, en la primera declaración que presten los conductores, los permisos de

conducir de éstos y de circulación de aquéllos y el certificado del seguro obligatorio, así

como el documento acreditativo de su vigencia. Ta mbién se reseñará el certificado del

seguro obligatorio y el documento que acredite su vigencia en aquellos otros casos en que

la actividad se halle cubierta por igual clase de seguro.

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Artículo 763.

El Juez o Tribunal podrá acordar la detención o cualesquiera medidas privativas de libertad

o restrictivas de derechos en los casos en que procedan conforme a las reglas generales de

esta Ley. Las actuaciones que motiven la aplicación de estas medidas se contendrán en

pieza separada. Artículo 764.

1. Asimismo, el Juez o Tribunal podrá adoptar medidas cautelares para el aseguramiento

de las responsabilidades pecuniarias, incluidas las costas. Tales medidas se acordarán

mediante auto y se formalizarán en pieza separada.

2. A es tos efectos se aplicarán las normas sobre contenido, presupuestos y caución sustitutoria de las medidas cautelares establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La

prestación de las cauciones que se acuerden se hará en la forma prevista en la Ley de

Enjuiciamiento Civil (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) y podrá ser realizada por la

entidad en que tenga asegurada la responsabilidad civil la persona contra quien se dirija la

medida.

3. En los supuestos en que las responsabilidades civiles estén total o parcialmente

cubiertas por un seguro obligatorio de responsabilidad civil, se requerirá a la entidad

aseguradora o al Consorcio de Compensación de Seguros, en su caso, para que, hasta el

límite del seguro obligatorio, afiance aquéllas. Si la fianza exigida fuera superior al

expresado límite, el responsable directo o subsidiario vendrá obligado a prestar fianza o

aval por la diferencia, procediéndose en otro caso al embargo de sus bienes.

La entidad responsable del seguro obligatorio no podrá, en tal concepto, ser parte del

proceso, sin perjuicio de su derecho de defensa en relación con la obligación de afianzar, a

cuyo efecto se le admitirá el escrito que presentare, resolviéndose sobre su pretensión en la

pieza correspondiente.

4. Se podrá acordar la intervención inmediata del vehículo y la retención del permis o de

circulación del mismo, por el tiempo indispensable, cuando fuere necesario practicar alguna

investigación en aquél o para asegurar las responsabilidades pecuniarias, en tanto no conste acreditada la solvencia del imputado o del tercero res ponsable civil.

También podrá acordarse la intervención del permiso de conducción requiriendo al imputado para que se abstenga de conducir vehículos de motor, en tanto subsista la medida, con la prevención de lo dispuesto en el artículo 556 del Código Penal.

Las medidas anteriores, una vez adoptadas, llevarán consigo la retirada de los documentos

respectivos y su comunicación a los organismos administrativos correspondientes.

Artículo 765.

1. En los procesos relativos a hechos derivados del uso y circulación de vehículos de motor

el Juez o Tribunal podrá señalar y ordenar el pago de la pensión provisional que, según las

circunstancias, considere necesaria en cuantía y duración para atender a la víctima y a las

personas que estuvieren a su cargo. El pago de la pensión se hará anticipadamente en las

fechas que discrecionalmente señale el Juez o Tribunal, a cargo del asegurador, si existiere, y hasta el límite del seguro obligatorio, o bien con cargo a la fianza o al Consorcio

de Compensación de Seguros, en los supuestos de responsabilidad civil del mismo,

conforme a las disposiciones que le son propias. Igual medida podrá acordarse cuando la

responsabilidad civil derivada del hecho esté garantizada con cualquier seguro obligatorio.

Todo lo relacionado con esta medida se actuará en pieza separada. La interposición de

recursos no suspenderá la obligación de pago de la pensión.

2. En los procesos relativos a hechos derivados del uso y circulación de vehículos de motor

el Juez o Tribunal podrá autorizar, previa audiencia del Fiscal, a los imputados que no estén

en situación de prisión preventiva y que tuvieran su domicilio o residencia habitual en el

extranjero, para ausentarse del territorio español. Para ello será indispensable que dejen

suficientemente garantizadas las responsabilidades pecuniarias de todo orden derivadas

del hecho punible, designen persona con domicilio fijo en España que reciba las notificaciones, citaciones y emplazamientos que hubiere que hacerles, con la prevención

contenida en el artículo 775 en cuanto a la posibilidad de celebrar el juicio en su ausencia, y

que presten caución no personal, cuando no esté ya acordada fianza de la misma clase,

para garantizar la libertad provisional y su presentación en la fecha o plazo que se les señale. Igual atribución y con las mismas condiciones corresponderá al Juez o Tribunal que

haya de conocer de la causa. Si el imputado no compareciese, se adjudicará al Estado el

importe de la caución y se le declarará en rebeldía, observándose lo dispuesto en el artículo

843, salvo que se cumplan los requisitos legales para celebrar el juicio en su ausencia.

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Artículo 766.

1. Contra los autos del Juez de Instrucción y del Juez de lo Penal que no estén exceptuados de recurso podrán ejercitarse el de reforma y el de apelación. Salvo que la Ley

disponga otra cosa, los recursos de reforma y apelación no suspenderán el curso del procedimiento.

2. El recurso de apelación podrá interponerse subsidiariamente con el de reforma o por

separado. En ningún caso será necesario interponer previamente el de reforma para presentar la apelación.

3. El recurso de apelación se presentará dentro de los cinco días siguientes a la notificación

del auto recurrido o del resolutorio del recurso de reforma, mediante escrito en el que se

expondrán los motivos del recurso, se señalarán los particulares que hayan de testimoniarse y al que se acompañarán, en su caso, los documentos justificativos de las

peticiones formuladas. Admitido éste, se dará traslado a las demás partes personadas por

un plazo común de cinco días para que puedan alegar por escrito lo que estimen conveniente, señalar otros particulares que deban ser testimoniados y presentar los documentos justificativos de sus pretensiones. En los dos días siguientes a la finalización

del plazo, se remitirá testimonio de los particulares señalados a la Audiencia respectiva que,

sin más trámites, resolverá dentro de los cinco días siguientes. Excepcionalmente, la Audienc ia podrá reclamar las actuaciones para su consulta siempre que con ello no se obstaculice la tramitación de aquéllas, en estos casos, deberán devolverse las actuaciones

al Juez en el plazo máximo de tres días.

4. Si el recurso de apelación se hubiere interpuesto subsidiariamente con el de reforma, si

éste resulta total o parcialmente desestimatorio, antes de dar traslado a las demás partes

personadas, se dará traslado al recurrente por un plazo de cinco días para que formule alegaciones y pueda presentar, en su caso, los documentos justificativos de sus peticiones.

5. Si en el auto recurrido en apelación se acordare la prisión provisional de alguno de los

imputados, respecto de dicho pronunciamiento podrá el apelante solicitar en el escrito de

interposición del recurso la celebración de vista, que acordará la Audiencia respectiva. Cuando el auto recurrido contenga otros pronunciamientos sobre medidas cautelares, la

Audiencia podrá acordar la celebración de vista si lo estima conveniente. La vista deberá

celebrarse dentro de los diez días siguientes a la recepción de la causa en dicha Audiencia.

Artículo 767.

Desde la detención o desde que de las actuaciones resultare la imputación de un delito

contra persona determinada será necesaria la asistencia letrada. La Policía Judicial, el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial recabarán de inmediato del Colegio de Abogados la

designación de un abogado de oficio, si no lo hubiere nombrado ya el interesado. Artículo 768.

El abogado designado para la defensa tendrá también habilitación legal para la representación de su defendido, no siendo necesaria la intervención de procurador hasta el

trámite de apertura del juicio oral. Hasta entonces cumplirá el abogado el deber de

señalamiento de domicilio a efectos de notificaciones y traslados de documentos. CAPÍTULO II

De las actuaciones de la Policía Judicial y del Ministerio Fiscal

Artículo 769.

Sin perjuicio de lo establecido en el Título III del Libro II de esta Ley, tan pronto como tenga

conocimiento de un hecho que revista caracteres de delito, la Policía judicial observará las

reglas establecidas en este capítulo. Artículo 770.

La Policía Judicial acudirá de inmediato al lugar de los hechos y realizará las siguientes

diligencias:

1ª Requerirá la presencia de cualquier fac ultativo o personal sanitario que fuere habido para

prestar, si fuere necesario, los oportunos auxilios al ofendido. El requerido, aunque sólo lo

fuera verbalmente, que no atienda sin justa causa el requerimiento será sancionado con

una multa de 500 a 5.000 euros, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que hubiera

podido incurrir.

2ª Acompañará al acta de constancia fotografías o cualquier otro soporte magnético o de

reproducción de la imagen, cuando sea pertinente para el esclarecimiento del hecho punible

y exista riesgo de desaparición de sus fuentes de prueba.

3ª Recogerá y custodiará en todo caso los efectos, instrumentos o pruebas del delito de

cuya desaparición hubiere peligro, para ponerlos a disposición de la autoridad judicial.

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4ª Si se hubiere producido la muerte de alguna persona y el cadáver se hallare en la vía

pública, en la vía férrea o en otro lugar de tránsito, lo trasladará al lugar próximo que resulte

más idóneo dentro de las circunstancias, restableciendo el servicio interrumpido y dando

cuenta de inmediato a la autoridad judicial. En las situaciones excepcionales en que haya

de adoptarse tal medida de urgencia, se reseñará previamente la posición del interfecto,

obteniéndose fotografías y señalando sobre el lugar la situación exacta que ocupaba.

5ª Tomará los datos personales y dirección de las personas que se encuentren en el lugar

en que se cometió el hecho, así como cualquier otro dato que ayude a su identificación y

localización, tales como lugar habitual de trabajo, números de teléfono fijo o móvil, número

de fax o dirección de correo electrónico.

6ª Intervendrá, de resultar procedente, el vehículo y retendrá el permiso de circulación del

mismo y el permiso de conducir de la persona a la que se impute el hecho. Artículo 771.

En el tiempo imprescindible y, en todo caso, durante el tiempo de la detención, si la hubiere,

la Policía Judicial practicará las siguientes diligencias:

1ª Cumplirá con los deberes de información a las víctimas que prev é la legislación vigente.

En particular, informará al ofendido y al perjudicado por el delito de forma escrita de los

derechos que les asisten de acuerdo con lo establecido en los artículos 109 y 110. Se instruirá al ofendido de su derecho a mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular

querella y, tanto al ofendido como al perjudicado, de su derecho a nombrar Abogado o

instar el nombramiento de Abogado de oficio en caso de ser titulares del derecho a la

asistencia jurídica gratuita, de su derecho a, una vez personados en la causa, tomar conocimiento de lo actuado, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 301 y 302, e instar

lo que a su derecho convenga. Asimismo, se les informará de que, de no personarse en la

causa y no hacer renuncia ni reserva de acciones civiles, el Ministerio Fiscal las ejercitará si

correspondiere.

2ª Informará en la forma más comprensible al imputado no detenido de cuáles son los hechos que se le atribuyen y de los derechos que le asisten. En particular, le instruirá de los

derechos reconocidos en los apartados a), b), c) y e) del artículo 520.2.

Artículo 772.

1. Los miembros de la Policía Judicial requerirán el auxilio de otros miembros de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando fuera necesario para el desempeño de las funciones que por esta Ley se les encomiendan.

2. La Policía extenderá el atestado de acuerdo con las normas generales de esta Ley y lo

entregará al Juzgado competente, pondrá a su disposición a los detenidos, si los hubiere, y

remitirá copia al Ministerio Fiscal. Artículo 773.

1. El Fiscal se constituirá en las actuaciones para el ejercicio de las acciones penal y civil

conforme a la Ley. Velará por el respeto de las garantías procesales del imputado y por la

protección de los derechos de la víctima y de los perjudicados por el delito.

En este procedimiento corresponde al Ministerio Fiscal, de manera especial, impulsar y

simplificar su tramitación sin merma del derecho de defensa de las partes y del carácter

contradictorio del mismo, dando a la Policía Judicial instrucciones generales o particulares

para el más eficaz cumplimiento de sus funciones, interviniendo en las actuaciones, aportando los medios de prueba de que pueda disponer o solicitando del Juez de Instrucción la práctica de los mismos, así como instar de ésta la adopción de medidas

cautelares o su levantamiento y la conclusión de la investigación tan pronto como estime

que se han practicado las actuaciones necesarias para resolver sobre el ejercicio de la

acción penal.

El Fiscal General del Estado impartirá cuantas órdenes e instrucciones estime convenientes

respecto a la actuación del Fiscal en este procedimiento, y en especial, respecto a la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 780.

Tan pronto como se ordene la incoación del procedimiento para las causas ante el Tribunal

del Jurado, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aquél.

2. Cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho aparentemente delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, practicará él mismo u ordenará a la Policía Judicial que practique las diligencias que estime pertinentes para la

comprobación del hecho o de la responsabilidad de los partícipes en el mismo. El Fiscal

decretará el archivo de las actuaciones cuando el hecho no revista los caracteres de delito,

comunicándolo con expresión de esta circunstancia a quien hubiere alegado ser perjudicado u ofendido, a fin de que pueda reiterar su denuncia ante el Juez de Instrucción.

En otro caso instará del Juez de Instrucción la incoación del procedimiento que corresponda

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con remisión de lo actuado, poniendo a su disposición al detenido, si lo hubiere, y los efectos del delito.

El Ministerio Fiscal podrá hacer comparecer ante sí a cualquier persona en los términos establecidos en la Ley para la citación judicial, a fin de recibirle declaración, en la cual se

observarán las mismas garantías señaladas en esta Ley para la prestada ante el Juez o Tribunal.

Cesará el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de

un procedimiento judicial sobre los mismos hechos.

CAPÍTULO III

De las diligencias previas

Artículo 774.

Todas las actuac iones judiciales relativas a delitos de los comprendidos en este Título se

registrarán como diligencias previas y les será de aplicación lo dispuesto en los artículos

301 y 302. Artículo 775.

En la primera comparecencia el Juez informará al imputado, en la forma más comprensible,

de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario le informará de sus derechos y

le requerirá para que designe un domicilio en España en el que se harán las notificaciones,

o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que la citación realizada

en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebración del juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el artículo 786.

Tanto antes como después de prestar declaración se le permitirá entrevistarse reservadamente con su Abogado, sin perjuicio de lo establecido en el apartado c) del

artículo 527. Artículo 776.

1. En la primera comparecencia el Secretario judicial informará al ofendido y al perjudicado

de sus derechos, en los términos previstos en los artículos 109 y 110, incluso aunque previamente lo hubiera hecho la Policía Judicial. En particular, se instruirá de las medidas

de asistencia a las víctimas que prevé la legislación vigente y de los derechos mencionados

en la regla 1ª del artículo 771.

2. La imposibilidad de practicar esta información por la Policía Judicial y por el Juez en

comparecencia no impedirá la continuación del procedimiento, sin perjuicio de que se proceda a realizarla por el medio más rápido posible.

3. Los que se personaren podrán desde entonces tomar conocimiento de lo actuado e instar

la práctica de diligencias y cuanto a su derecho convenga, acordando el Juez lo procedente

en orden a la práctica de estas diligencias. Artículo 777.

1. El Juez ordenará a la Policía Judic ial o practicará por sí las diligencias necesarias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él

hayan participado y el órgano competente para el enjuiciamiento, dando cuenta al Ministerio

Fiscal de su incoación y de los hechos que la determinen. Se emplearán para ello los medios comunes y ordinarios que establece esta Ley, con las modificaciones establecidas

en el presente Título.

2. Cuando, por razón del lugar de residencia de un testigo o víctima, o por otro motivo, fuere

de temer razonablemente que una prueba no podrá practicarse en el juicio oral, o pudiera

motivar su suspensión, el Juez de Instrucción practicará inmediatamente la misma,

asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes.

Dicha diligencia deberá documentarse en soporte apto para la grabación y reproducción del

sonido y de la imagen o por medio de acta autorizada por el Secretario judicial, con expresión de los intervinientes.

A efectos de su valoración como prueba en sentencia, la parte a quien interese deberá instar en el juicio oral la reproducción de la grabación o la lectura literal de la diligencia, en

los términos del artículo 730. Artículo 778.